actuación de AJuS en el Parque Indoamericano

Publicado por Buenos Aires  Económico 4 de marzo de 2011

La Justicia determinó que en la toma del Parque Indoamericano no existió delito

  • Mientras tanto, los tres crímenes siguen bajo investigación penal

La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26 porteño, María Cristina Nazar, decidió ayer archivar la causa contra los supuestos organizadores de la toma del predio de Villa Soldati, conocido como Parque Indoamericano por “inexistencia de delito”. La decisión llegó después de tres meses de que el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, la Defensoría General del Pueblo y la Comisión de vivienda de la Legislatura se presentaran en la causa como contraparte del Ministerio Público Fiscal. Habían argumentado precisamente que en la toma o se tipificaba un delito, sino que la situación se había desencadenado a partir de un problema social de pobreza y necesidades insatisfechas.

Los fiscales encabezados por el segundo del Ministerio Público, Luis Cevasco, habían pedido el miércoles pasado el allanamiento de los domicilios y la detención de los delegados de la Villa 20, Antonio Marcelo Chancalay, Diosnel Perez Ojeda, Luciano, Nardulli, Noemí Mónica Ruejas, Berta Elizabeth Revilla y Alejandro “Pitu” Salvatierra, delegado de Villa Soldati. La magistrada también rechazó estas solicitudes. El fiscal general adjunto ya adelantó que apelará la decisión de Nazar porque, según dijo, “desestimó los pedidos de detención sin evaluar las pruebas aportadas”.

En su resolución la jueza explicó que el Parque Indoamericano es un bien público y como tal “no puede ser poseído” puesto que “los ocupantes nunca se podrían convertir en poseedores ni tenedores, ni podrían haber despojado a nadie de su posesión.

En este sentido reconoció que no podría ser tratado como un tema penal porque “se puede hablar de una ocupación indebida de un espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación porque para su configuración, previamente el Estado debería desafectar de su dominio público el Parque Indoamericano, situación ajena al presente caso”, puntualizó la jueza.

Para el abogado Lisandro Teszkiewicz, de Abogados por la Justicia Social – AjuS –, y patrocinante en esta causa del Observatorio de Derechos de la Ciudad, la decisión de la Magistrado “es correcta aunque llega tres meses tarde”. Tanto esta entidad como las defensorías General y del Pueblo y la Legislatura se habían presentado desde diciembre como querellantes, cuando el Tribunal Superior de Justicia decidió que la competencia era penal y la causa quedaría en el juzgado de Nazar; los heechos se juzgarían así como posibles delitos. Sus argumentos fueron los mismos que esgrimió ayer la jueza en su fallo. Desde un comienzo, cuando la causa era tratada por un juzgado civil (con la intervención de los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori), ellos alegaron que la ocupación del parque no era delito sino producto de la pobreza.

Pero pese a celebrar  este fallo Teszkiewicz, considera que el intento por criminalizar la toma de tierras y predios en la ciudad por razones sociales es una política sistemática del Gobierno de la Ciudad. No es casual, dice, que sea Cevasco, el segundo de Gerrmán Garavano – el titular del Ministerio Público Fiscal -, quien personalmente está al frente de la presentación ante una jueza de primera instancia. Son ellos quienes “marcan la línea política  (en el tema) de la ciudad. Cevasco, que viene desde la gestión de De la Rúa, ya sostenía la criminalización de las ocupaciones” desde antes.

El abogado además enmarca esto en una política general de “expulsión social” donde además juegan otros roles “la falta de créditos para la vivienda social, la escandalosa subejecución en vivienda y la perversa política de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social.

Precisamente por ser una política general de la ciudad, Teszkiewicz señaló que estos mismos fundamentos “estamos planteándolos en los más de 5 mil desalojos anuales que se realizan en Buenos Aires.

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