Notas publicadas

LO QUE EL PRESUPUESTO NOS DEJÓ. DESARTICULANDO FALACIAS

El dictamen de mayoría emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra vigente y no posee impedimento alguno para ser tratado en la próxima sesión.

En principio, de una simple elaboración de razonamiento, correspondería que continúe su tratamiento en sesión, donde tiene que ser votado, porque nada se ha resuelto sobre el mismo. La Cámara comenzó con la deliberación y no fue votado, ni siquiera en general

En la sesión próxima pasada  se votó  -únicamente- una moción de orden, prevista en el inc. 6 del art. 127 del reglamento, pidiéndose vuelta a comisión. Dicha moción de orden, no hace perder vigencia al dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto.

En tal sentido, se puede advertir que no se da ninguna de las causas que prevé el art. 111 del reglamento, que observa los casos de “caducidad de dictamen”, en cuanto establece:

“Los diputados presentarán directamente a las comisiones toda modificación a un asunto o proyecto sometido a su estudio. Estas modificaciones y sus fundamentos por escrito serán publicados con el despacho de la Comisión.

Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir en los puntos de su dictamen, en la misma sesión en que lo suscriba, designará al miembro que redactará el informe y los fundamentos del despacho acordado y al que ha de sostenerlo en la Cámara.

Ningún despacho de Comisión tendrá entrada en la Cámara si no se acompaña del informe escrito correspondiente. Se publicará además un anexo con los antecedentes reunidos y las opiniones vertidas en el seno de la Comisión.

Los despachos formulados por las Comisiones de que se haya dado cuenta a la Cámara, se mantendrán en vigor mientras no se retiren o modifiquen en la forma prevista por este Reglamento, hasta la renovación ordinaria de los miembros de las Comisiones, o no hubieren caducado en virtud de lo dispuesto por la ley 13640…”

Así, el dictamen en cuestión cumple con los requisitos y no se ha retirado o modificado en tales términos ni se da alguno de los supuestos de la Ley 13.640.

Por otra parte, en el articulado del reglamento de la HCDN se observan sólo dos casos de vuelta  a comisión:

Artículo 155. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a Comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.”

“Artículo 156. La discusión en general será omitida cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente por la Cámara en Comisión, en cuyo caso, luego de constituida en sesión, se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto en general.”

Cuando se estipula la vuelta a comisión y su reconsideración por la Cámara, sólo lo hace especificando como válidos, para que así sea, dos casos: que se haya sancionado en general solamente, o que se haya sancionado en general y parcialmente en particular.

Por lo que la “vuelta a comisión” tiene razón de ser en que se necesita una discusión que en el ámbito de la sesión no puede darse.

Cabe aclarar que no existe disposición alguna en el reglamento que establezca que cuando el dictamen vuelve a comisión por decisión del cuerpo, se produzca la caducidad del mismo.

Asimismo, como antecedente que avala esta posición, conforme lo hizo saber la Secretaría de Información Parlamentaria, encontramos una situación análoga en 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín,  con un proyecto de ley de reforma de IVA. En aquella oportunidad, la Cámara baja resolvió volver a comisión un proyecto que tenía dictamen y en Labor Parlamentaria se autorizó su debate nuevamente, sin necesidad de su estudio y producción de un nuevo dictamen por parte de la Comisión.

Pero, si no ha sido siquiera llevado a votación ni a votación en general ni en particular, ¿cuál es la razón de ser de esta moción de orden realizada por la oposición?

En el presente, no ha sido votado, se ha evadido la discusión y se ha decidido su vuelta a comisión como un mero acto dilatorio de su tratamiento sobre tablas.

Ya que, si la decisión política de la oposición era realmente dar discusión sobre el presupuesto y proponer sus puntos de vistas –independientemente de la visión que se tenga de la herramienta de gestión y administración que el mismo representa para el gobierno, y la incidencia que debiese tener el plan de otro espacio político en dicha gestión, que no es el que gobierna por decisión del pueblo, sino es el que legisla- podría haber solicitado que la Cámara se constituya en Comisión (art. 141 del reglamento) y considerar en calidad de tal los asuntos que estimen.

Las únicas trabas para el tratamiento de un dictamen son –o debiesen ser- que éste haya sido rechazado o que no exista dictamen en los términos que prevé el art. 147 del reglamento de la HCDN. Ninguna de esas circunstancias ha existido.

¿Cuál es la realidad?

No se quiere aprobar el presupuesto al Poder Ejecutivo Nacional, limitando en su ejercicio a éste, y en un claro avasallamiento de sus facultades constitucionales que tienen como resultado un perjuicio para el Estado en general, que sólo es analizado como rédito político para la oposición.

Porque no existe racionalmente y de acuerdo con las normas constitucionales la maniobra planteada por la oposición. Si pretendían un serio debate y buscar realmente una solución al problema, se podría haber recurrido a otra  estrategia, como se expresó anteriormente.

En cambio, se utilizó un ardid –más allá del bochorno institucional que significó la puesta en escena de las denuncias a medias, nunca fundadas- de lógica meramente dilatoria “vuelta a comisión”.

Cuya, única razón de ser, parece ser que quienes formularon y suscribieron los dictámenes de minoría pretendan firmar un dictamen en conjunto; que denunciantes y denunciados de un “Pacto de Olivos 2” se unan en la elaboración de un nuevo dictamen; que quienes prevén cifra de recaudación, de inflación y proyectos tan diferentes de Nación, hoy logren un acuerdo y suscriban un dictamen, que pasaría a ser de mayoría.

Porque si no, no se entiende. Es por todos conocido que el dictamen de mayoría existente, el cual resulta ser una herramienta fundamental para el actual gobierno, se sostiene en un proyecto de país, de políticas públicas y de administración, que nada tienen que ver con el proyecto político que la oposición pretende imponer  por  fuera de las vías institucionales previstas por nuestro orden jurídico y a través de la vía democrática correspondiente, a saber las elecciones de presidente.

Noelia Astiz (integrante de AJuS – Abogados por la Justicia Social)

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