Breve análisis de la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación operada por Ley 26.080

 
 

 

Por Luis María Della Rosa 

I – Introducción 

Este trabajo pretende realizar un aporte sobre la visión del Consejo de la Magistratura de la Nación y, por sobre todo, sobre los resultados de su reforma, operada por la Ley 26.080, aprobada a inicios del año 2006, que hoy pretende ser modificada por un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y, a partir del día de ayer, dictamen de Comisión en el Senado de la Nación. 

En primer lugar debemos recordar que el Consejo de la Magistratura es un organismo pluriestamental, compuesto por representantes de la ciudadanía, representantes de los jueces, representantes de los abogados y representantes del ámbito académico y científico. 

Dicho organismo, por el mandato emanado del artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene como funciones primordiales: 

a) La selección de ternas de candidatos a jueces para remitir al Poder Ejecutivo (éste a su vez elige uno de ellos y envía el ‘pliego’ al Senado para su acuerdo, momento luego del cual el postulante está preparado para asumir su cargo como Juez de la Nación); 

b) La aplicación de sanciones a magistrados, y la apertura de procedimientos de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (que es a su vez otro órgano, que se encuentra estipulado en el artículo 115 de la Constitución Nacional, y cuya única función es decidir sobre las aperturas de procedimientos de remoción de magistrados); 

c) La administración del Poder Judicial de la Nación; 

d) Lo relativo a la reglamentación de la organización judicial. 

  
II – Sobre la “mayoría automática” 

Es necesario destacar que es una invención malintencionada el afirmar que el partido mayoritario tenga mayoría automática o mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

Baste para ello relatar que, anteriormente, el organismo estaba conformado por veinte miembros: cuatro representaban al Senado (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro representaban a la Cámara de Diputados (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro representaban a los jueces (dos de Cámara y dos de primera instancia); cuatro representaban a los abogados; dos representaban al ámbito académico y científico; uno representaba al Poder Ejecutivo; y finalmente se completaba la integración con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

De veinte miembros, la mayoría en el Parlamento tenía cuatro representantes (el 20%). Agregando el representante del Ejecutivo, el oficialismo tenía el 25% de la representación. 

La problemática estaba dada puesto que el Partido que poseía la mayoría en el Parlamento, tenía los mismos representantes que la primera y segunda minoría (dos), lo que se presentaba como una irracionalidad. La mayoría estaba representada en igual número que la minoría. Era como, por ejemplo, tener la misma representación quien gana las elecciones y cuenta con más de cien Diputados en la Cámara que quine la pierde y tiene diez o cinco Diputados. 

Actualmente, el Consejo está compuesto por trece miembros: tres representan al Senado (dos por la mayoría y uno por la primera minoría); tres a la Cámara de Diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría); tres representan a los jueces (al menos uno de Cámara); dos representan a los abogados (al menos uno del Interior del país); uno representa al ámbito académico y científico; y uno representa al Poder Ejecutivo 

De los trece miembros, la mayoría parlamentaria tiene cuatro (el 30%). Agregando el representante del Ejecutivo, el oficialismo obtiene sólo el 38,4% del total de los miembros del Consejo. El 38% de los miembros no es mayoría absoluta. 

El artículo 9° de la Ley del Consejo (24.937, con las reformas de la Ley 26.080) establece que para sesionar se necesitan 7 miembros. Es decir que el oficialismo no tiene ni siquiera el número necesario de representantes para sesionar por sí solo. 

El mismo artículo de la Ley establece que las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes. Es decir que si están presentes los trece miembros, la mayoría absoluta (que al decir de la Real Academia Española es “más de la mitad”), es de siete consejeros. El oficialismo sólo tiene cinco (sumando los dos senadores, los dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo), con lo ni siquiera se acerca al número exigido para ser mayoría. 

  
III – Sobre el “poder de veto” 

 Mucho se ha hablado y criticado el “poder de veto” que supuestamente posee el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Como señalábamos anteriormente, la mayoría absoluta de los miembros del Consejo es de siete consejeros. El oficialismo sólo tiene cinco. 

a) Sobre la propuesta de remoción: El inciso 7° del art. 7° de la Ley establece que para decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, se requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes. Es decir que si están presentes los 13 consejeros, se puede proponer la remoción del magistrado (“proponer”, puesto que la remoción la decide el Jurado de Enjuiciamiento), requiriendo 8,66 consejeros (es decir 9). Como el total de consejeros es 13, en ese caso se requiere al menos uno del oficialismo. Esto, que parece parte de la oposición parece una aberración, es algo totalmente legítimo. El bloque parlamentario que obtuvo la mayor cantidad de votos para hacerse acreedor de un lugar de privilegio en el Parlamento, tiene al menos el poder de decidir que cuando se propone destituir a un magistrado, se cuente con la anuencia de al menos uno de sus miembros. Y esto se da si están TODOS los miembros del oficialismo presentes. En caso que falte uno sólo, las 2/3 partes de 12 (13 menos el faltante), es de 8, o sea que los restantes consejeros pueden ordenar la apertura del procedimiento de remoción sin el consentimiento del partido que mayor número de votos obtuvo en las urnas. 

Asimismo, debe tomarse en consideración cómo ha funcionado el Consejo de la Magistratura desde la sanción de la Ley 26.080. Es útil recordar que nunca los miembros del oficialismo han vetado la propuesta de destitución de un magistrado cuando el resto de los consejeros proponían la misma. Reitero: eso nunca ha sucedido. Contrariamente, hubo varias ocasiones donde miembros del oficialismo proponían la destitución de un magistrado, y dicha propuesta era “vetada” por los restantes consejeros. Esto no sale en la prensa, pero sucede con habitualidad. 

También debe decirse que en innumerables ocasiones existen discrepancias entre los mismos miembros del oficialismo; discrepancias saludables, en que unos apoyan determinada postura, y otros, otra. Esto tampoco sale en la prensa. 

b) Sobre la votación de las ternas que se remiten al Poder Ejecutivo (procedimiento de Selección): Además de proponer la remoción de magistrados, sancionarlos y administrar el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura también elabora las ternas de candidatos para el acceso a la función de magistrados. El artículo 13 de la Ley del Consejo, establece que el Plenario debe aprobar las ternas con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Para este caso, también es válido el análisis de la apertura del procedimiento de remoción. En ninguna otra decisión se requiere dos tercios de los presentes. Solamente para la remoción de algún miembro del Consejo se requiere el voto de las tres cuartas partes totales del cuerpo (diez consejeros). 

  
IV – Sobre los jueces subrogantes 

Para referirnos a los jueces subrogantes, debemos hacer un análisis histórico de la legislación para la designación de los mismos: 

Ley 4.055 (8 de Enero de 1902): Organización de la Justicia Federal en todo el territorio nacional. Establece cómo se integran los conjueces de las Cámaras. 
 

 

Ley 4.162 (29 de Diciembre de 1902): Establece el orden de prelación en caso de reacusación, impedimento, vacancia o suplencia de miembros de la Corte Suprema y las Cámaras Federales. 

 

Decreto-Ley 12.85/58 (4 de Febrero de 1958): Organización de la Justicia Nacional y Federal en todo el territorio nacional. Establece la designación de conjueces de la Corte Suprema. 

 

Ley 20.581 (28 de Noviembre de 1973): Reglamenta la suplencia de jueces federales en las Provincias y en el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

 

Ley 24.937 (10 de Diciembre de 1997): Establece el Consejo de la Magistratura de la Nación (conf. art. 114 de la Constitución Nacional). Nada dice respecto a subrogantes y conjueces. 

 

Ley 25.876 (17 de Diciembre de 2003): Incluye dos incisos al art. 7º de la Ley del Consejo (24.937). Uno de ellos establece la facultad del Consejo de “dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores“. Vendría a ser una potestad delegada del Parlamento al Consejo. 

 

Resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura: Reglamenta en forma completa lo referente a subrogaciones y a designación de conjueces, que son designados por el Consejo. 

 

Res. 2374/04 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (3 de Diciembre de2004): Declara la constitucionalidad del Reglamento de Subrogaciones (res. 76/047 CM) –firmado por Petracchi, Belluscio, Fayt, Highton y Maqueda. En contra Boggiano-. 

 

Ley 26.080 (22 de Febrero de 2006): Reforma la Ley del Consejo. En su art. 7º, ya no incluye dentro de sus facultades la de reglamentar la designación de conjueces. No obstante, ante el vacío legal, el Consejo sigue aplicando la Resolución 76/04. 
 

 

Fallo “Rosza” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (23 de Mayo de 2007): manifiesta que el Consejo no tiene potestad para designar conjueces. La mayoría (Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Highton) sostienen que esto es porque no se cumple con los pasos legales para designar a los jueces (terna del Consejo, decisión del Ejecutivo y acuerdo del Senado). La minoría (Zaffaroni y Argibay), sostienen su postura en el cese de la delegación legislativa por Ley 26.080, puesto que si se pretende que todos los conjueces o subrogantes sean designados conforme la Constitución, se produciría un estrépito incontenible. 

 

Acordadas 16/07, 22/07 y 24/07 Corte Suprema de Justicia de la Nación: Reglamenta las subrogaciones, cayendo en la misma crítica que se hizo en el fallo “Rosza” (establecen que se puede designar subrogantes a Secretarios, quienes no tienen ni terna del Consejo, ni designación por el Ejecutivo, ni Acuerdo del Senado). 

 

Leyes 26.372 y 26.376 (21 de Mayo de 2008): Reglamentan las subrogancias. Aún no tienen una aplicación completa, puesto que para la designación de conjueces, los mismos deberán sortearse de una lista que elabora el Poder Ejecutivo y a la cual le presta acuerdo el Senado; y el Poder Ejecutivo aún no ha elaborado la misma; por ello, muchas designaciones se siguen haciendo con arreglo a las Acordadas de la Corte Suprema del año 2007. 
Es decir: de existir falencia en la designación de jueces subrogantes, no se debe a una falla del Consejo de la Magistratura, sino de las Cámaras y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

V – Medidas adoptadas en estos casi cuatro años de duración de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación 

a) Agilidad del Cuerpo. En primer lugar, debe destacarse la agilidad que se la ha dado a las reuniones del Cuerpo. Con veinte miembros las reuniones eran interminables, maratónicas. Era, como se dijo en algún momento, un “cuerpo elefantiásico”, que luego de la reforma ha agilizado su funcionamiento, y esto es indudable. Basta para ello hacer un análisis (que excede este trabajo) del número de expedientes con resolución y las contrataciones realizadas en beneficio del Poder Judicial de la Nación. 

b) Comisión de Disciplina y Acusación. Debe subrayarse que la unificación de las Comisiones de Disciplina y Acusación fue un logro, dando lugar a un mejor análisis de las causas, una garantía en el derecho de defensa de los magistrados, y una mayor eficiencia en el trabajo. 

Con la antigua composición, se abrían más procesos de remoción contra magistrados que medidas disciplinarias aplicadas. Es decir: parecía ser que los jueces cometían más faltas graves que leves. Esto no era así, y era una falencia del sistema. Con la unificación, se aplican más sanciones disciplinarias que aperturas de procedimiento de remoción. La sanción disciplinaria es, o una multa, o una advertencia o un apercibimiento. Son medidas correctivas, donde al juez se lo exhorta y orienta, pero eso no significa la apertura de un procedimiento de remoción. 

Anteriormente, funcionaban la Comisión de Acusación por un lado, y la Comisión de Disciplina por el otro. La Comisión de Acusación estaba compuesta por siete miembros, cinco de los cuales eran legisladores. Hoy la Comisión de Disciplina y Acusación está integrada por nueve miembros: cuatro legisladores, dos jueces, el representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito académico y científico. 

En la anterior composición sólo dos personas (los presidentes de las Comisiones de Disciplina, y de Acusación) decidían qué denuncia iba a una Comisión y cuál a otra. En caso de empate decidía el Presidente del cuerpo, que delegaba esa función en el Secretario, que ni siquiera era consejero. Hoy son nueve los miembros que deciden hacia dónde va una denuncia, teniendo participación, cuando lo consideran conveniente, los cuatro consejeros restantes que no conforman la Comisión de Disciplina y Acusación. 

 c) Selección de magistrados. En lo relativo a la procedimientos de selección de magistrados, desde el Consejo ha surgido una Ley esencial para la organización judicial, que es la Ley 26.484. Dicha Ley agrega un párrafo al art. 7° del Decreto-Ley del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece que a partir del juramento como jueces, “… deberá transcurrir un período de tres años en el ejercicio del cargo como condición para postularse en concurso para otro tribunal, o para subrogar una vacancia que implique el abandono de la función que se encuentre ejerciendo. Esta disposición no es de aplicación para quienes hayan jurado como jueces subrogantes“. 

Eso genera que no existan jueces recién nombrados que automáticamente estén concursando para otra vacancia o subrogando otro cargo, y puedan dedicarse con exclusividad a la función para la que asumieron (hecho que no ocurría). 

En otro orden de ideas, también se ha discutido y se sigue discutiendo el Reglamento procedimental para la Selección de jueces. El Reglamento de Selección que el Consejo titularizaba fue demostrando sus falencias, junto a diferentes maniobras espurias que podían producirse. Por ese motivo los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, esgrimieron desde el año 2005 la necesidad de su modificación. Estos legisladores y los diversos representantes del Poder Ejecutivo fueron señalando que los exámenes deben ser públicos y no secretos, para evitar amiguismos que no necesariamente vienen de la “familia” de la política partidaria, sino que muchas veces son generados por la “familia judicial”.

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