Caso Muiña: algunas observaciones desde AJUS

Desde AJuS expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte en el Caso Muiña y hacemos nuestro aporte con algunos elementos para el análisis.

Antecedentes del caso:

  • El represor Luis Muiña fue condenado a 13 años de prisión en 2011. Muiña, había sido detenido el 1º de octubre de 2007. De acuerdo al fallo de la Corte, correspondería computar en forma diferenciada el tiempo en detención preventiva posterior al 30 de septiembre de 2009, fecha en que se cumplieron los primeros dos años de su prisión preventiva. 

Análisis de los argumentos del fallo:

A continuación los motivos por los cuales el fallo es cuestionado, tanto para los Abogados de AJUS, así como también por numerosos académicos dedicados al derecho penal, organismos de Derechos Humanos en su totalidad y gran parte de la comunidad en su conjunto.

  • En primer lugar, el artículo de la ley 24.390, llamada “2 x 1” que ordenaba el cómputo doble de los días de prisión preventiva, estuvo vigente entre 1994 y 2001. Los responsables por delitos de lesa humanidad estuvieron exceptuados del alcance de la ley penal por las leyes de impunidad vigentes entre los años 1987 y 2004 que fueron derogadas. Cuando regía ese cómputo para la prisión preventiva, Muiña no se encontraba detenido ni podría haberlo estado: aún estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En consecuencia, resulta absurdo que pretenda beneficiarse con una norma que buscaba ocuparse de una situación coyuntural, como resultaba ser la problemática carcelaria y de duración indefinida de los procesos, anterior a su encarcelamiento.
  • En su caso, Muiña permaneció más de 30 años sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Los crímenes de lesa humanidad, continúan mereciendo la mayor sanción de nuestro sistema penal y el mayor repudio de nuestra sociedad. Recayendo sobre ellos, hasta ésta nueva integración de la Corte Suprema de Justicia la Nación, diversos pronunciamientos institucionales que marcaban la imposibilidad de amnistía, indulto o prescripción, consolidando una política de estado para su procesamiento y castigo, en consonancia con lo requerido por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
  • Hasta este fallo, el planteo de aplicación del 2×1 a los genocidas había sido rechazado en razón del carácter permanente de los hechos por los que se dictó condena y tomando en cuenta que no hubo un cambio en la valoración social de esa clase de delitos. 
  • Este nuevo fallo de la Corte, y especialmente la opinión de los dos jueces que se integraron el año pasado al máximo tribunal, evidencian la modificación no sólo de una jurisprudencia consolidada en la materia sino también el cambio de una política de estado.
  • Es un fallo que implica un grave retroceso en la jurisprudencia de la Corte, no respeta el principio de igualdad ante la ley, es totalmente selectivo y desigual, beneficia a un grupo determinado de personas que son aquellas en prisión preventiva o condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ahora, podrán solicitar su libertad inmediata, transformándose en una conmutación encubierta de la pena que implica también una amnistía encubierta. La extensa duración de los procesos de lesa humanidad se debió, en primer lugar, a la connivencia de muchos jueces federales con la dictadura. Muchos de ellos rechazaban los habeas corpus aun conociendo la existencia de los lugares clandestinos de encierro, de las torturas, etc, seguían desalentando a los familiares en sus búsquedas (ej. caso Margarita Belén). Demás está decir que los abogados de estas familias ni aparecían a hablar con los jueces porque inmediatamente los desaparecían también a ellos (caso Teresa Israel, por ejemplo). Estos jueces luego eran los mismos que, como jueces naturales debían juzgar a los represores y han sido recusados una y otra vez. Así los procesos se hicieron largos y los tribunales tardaron en conformarse con conjueces que fueron impugnados por las defensas, etc. No obstante no había detenidos, en general estaban excarcelados o en sus casas. De hecho es conocido el reclamo de cárcel común para los represores.

Algunos pocos están detenidos desde hace 10 años pero tienen condena y, a la par, otros tantos procesos abiertos que no pudieron sustanciarse justamente por la superposición de juicios, recusaciones de jueces, conjueces, falta de espacio, mega causas sin personal ni edificios, etc. Todo ello, además de las causas enumeradas, gracias a las leyes de obediencia debida, punto final. Si se los hubiera juzgado a tiempo, es muy probable que en 1994 en sus causas, hubieren obtenido condena, y estarían cumpliendo pena como corresponde.

  • En el año 1994 ninguno estaba preso, la mayoría ni siquiera imputado y pocos, muy pocos, tenían alguna causa cerrada. Ninguno cumplía una prisión preventiva en esa fecha ni muchos años después. La ley 24.390 no estuvo jamás dirigida a esa población, sino a solucionar problemas de superpoblación carcelaria del pobrerío olvidado que habita nuestras cárceles.
  • Los desaparecidos y los apropiados siguen desaparecidos, las víctimas sobrevivientes no terminan de declarar en los procesos abiertos y ya les conmutan pena, invocando una forma de computar la prisión preventiva que durante toda la vigencia de la ley, incluso muchos años después, no cumplieron.
  • El fallo de la Corte coloca al Estado en situación de caer en responsabilidad internacional, por haber desconocido el deber de “imponer una pena adecuada”, al computar doble 4 años de los 13 y además, por haber decidido en los hechos, sin importar la denominación de derecho interno, una medida judicial análoga a la conmutación de pena en un delito de lesa humanidad, cuando tenía a mano otra interpretación que con coherencia evitara todo esto.

Para finalizar, sostenemos que este fallo y sus argumentos significan un retroceso en la política de Derechos Humanos alarmante, porque con esta solución, de ser considerados ante la comunidad internacional como el primer país que juzgó a sus represores, a nuestro criterio forzando el derecho penal aplicable, estamos violando Pactos Internacionales y retrocediendo derechos adquiridos y obtenidos por una extensa y costosa lucha de parte de los organismos de Derechos Humanos y víctimas del terrorismo de Estado.

Aplicar la ley más benigna para realizar una conmutación de pena encubierta, abre la posibilidad de cambiar los criterios de la Corte y otorgar libertades a los genocidas y no se trata de “ultragarantismo”, sino que hay un criterio selectivo, existe una mala aplicación del derecho penal que perjudica la política de Derechos Humanos que se viene aplicando desde el 2003 y no debemos dejar de tener en cuenta que se da en un contexto en el que se están otorgando prisiones domiciliarias, se cambia de criterio en cuanto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el criterio del caso “Fontevecchia y otros c/ República Argentina” , en el que se sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Máximo Tribunal argentino), las editoriales del diario “La Nación”, el comunicado reciente del episcopado llamando a la reconciliación, y el gobierno a través del Ministerio de Justicia que recibe a los familiares de los genocidas tratando de darles el mismo trato que a los familiares de las víctimas.

Ante estas circunstancias penosas creemos que la única opción es mantener la lucha vigente por la Memoria, la Verdad y la Justicia acompañando a los organismos de Derechos Humanos en este reclamo.

No dejaremos pasar ni una sola de estas políticas que tienen hoy en su cúspide este fallo de la Corte Suprema, totalmente contrario a las políticas de Derechos Humanos tanto en el ámbito Nacional como Internacional.

Por los 30000 compañeros desaparecidos, PRESENTE ahora y siempre. AJUS

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