Desalojos, violación al principio de defensa en juicio y criminalización de la protesta

A raíz del fallo dictado el 3 de marzo pasado por la jueza, María Cristina Nazar, en la causa del Parque Indoamericano, y que generó tanto rechazo por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, puede resultar de utilidad hacer un breve descripción de cómo se llevan adelante los desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la actualidad.

Una denuncia anónima por usurpación basta para que el Ministerio Público Fiscal solicite el allanamiento y desalojo forzoso de un inmueble, sin existir una investigación acabada sobre los hechos, sin identificar a las personas ocupantes, sin notificarles del inicio del juicio en su contra y sin garantizarles su derecho de defensa. Menos aún, se brinda una solución alternativa para intentar dar respuesta a un derecho humano: el derecho a la vivienda.

Así fue como sucedieron los lamentables episodios de violencia del 7 de diciembre de 2010 y los tres asesinatos, que podrían haber sido más, de no haberse presentado espontáneamente organismos y asociaciones en defensa de los derechos humanos de los ocupantes. Al igual que en cualquier otro conflicto que presenta el derecho, existen varios bienes jurídicos a tutelar: el derecho a la propiedad, la participación penal en un delito y el derecho a la vivienda. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las causas iniciadas por usurpación en la Ciudad, son archivadas una vez restituido el inmueble, sólo cabe deducir que no se persigue el cumplimiento de la ley penal y menos aún, la protección de derechos sociales como la vivienda. Lo único que interesa aquí es la salvaguarda de la propiedad.

Sin perjuicio de observar un serio grado de ineptitud e improvisación en el gobierno macrista; esta opción por resolver los reclamos a la fuerza y privilegiar a ultranza el derecho a la propiedad por sobre todos los demás, no debería asombrarnos.

La criminalización de la protesta social es una herramienta típica de los gobiernos neoliberales. Se trata de una política de gobierno, no del derecho penal. Cuando se insiste con un modelo de exclusión que favorece a los sectores más privilegiados pero deja afuera a una enorme porción de ciudadanos que se encuentran desprotegidos y con necesidades básicas insatisfechas, resulta necesario acudir a estos mecanismos porque de otra forma ese modelo no resistiría. Claro que para legitimar este accionar, se invocan principios republicanos, jurídicos y morales tales como “el cumplimiento de la ley”, “el orden” y “la paz social”. Ahora bien, para lograr la verdadera paz social, se necesita un Estado que ejerza la autoridad que ostenta por mandato popular, escuchando las demandas de los distintos grupos, sus necesidades y sus reclamos e intentando dar soluciones que contemplen al conjunto y especialmente a los más necesitados. Lo otro implica “barrer la tierra debajo de la alfombra” sin propiciar soluciones reales. A tres años de gestión del actual jefe de gobierno, queda claro que no está interesado en aumentar el presupuesto destinado al déficit habitacional, no ejecuta las partidas existentes para vivienda, restringe los subsidios y, como si todo esto fuera poco, lleva adelante una intensa política de desalojos de los bienes privados del Estado.

Las únicas propuestas del oficialismo local a los problemas sociales son la xenofobia, la discriminación, la represión y la fuerza. Por el contrario, consideramos que el sistema punitivo constituye el último recurso disponible, cuando el resto de las áreas como la participación popular, la seguridad social, las políticas de empleo, la economía, la cultura y la educación, han fracasado.

Por último, y de cara a un proceso electoral, los ciudadanos porteños deberíamos releer nuestra Constitución sancionada en 1996 y tomar conciencia que si el objetivo buscado es el cumplimiento de la ley, no podemos apartarnos de una aplicación armónica de todos los derechos. Lo otro implica fomentar la violencia, la falta de solidaridad y el individualismo, los cuales a la larga, han demostrado una y otra vez, vuelven como un bumeran a la sociedad en su conjunto.

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