La prisión de Milagro Sala puede ser el principio del fin de una República Democrática

Los integrantes de Abogados por la Justicia Social (AJUS), tal como lo fundásemos días atrás frente a la prisión preventiva dictada en una causa seguida por tumulto y alzarse contra las autoridades, donde pedimos la pronta liberación de Milagro Sala, dirigente política y social, detenida indebidamente por razones que entendemos resultan ajenas a los parámetros constitucionales y de una justicia de igualdad para todos, ante los sucesos actuales, reiteramos nuestro rechazo ante el accionar de un sector del Poder Judicial en lo que consideramos un nuevo capítulo de persecución política, donde, como si fuesen figuras intercambiables disponen su excarcelación pero, a su vez, que continuará detenida por otra causa iniciada una semana atrás a raíz de una denuncia realizada por el Gobernador Gerardo Morales.

Tras la imposibilidad de sostener la detención llevada a cabo el 16 de enero pasado, ya que la misma criminalizaba la protesta social por juzgar una acción de reclamo de un sector de cooperativistas ante las nuevas autoridades provinciales y frente a los numerosos reclamos llevados a cabo tanto por organismos nacionales e internacionales, como por personalidades destacadas de los derechos humanos, en defensa de las garantías y derechos, constitucionales y humanos básicos de toda población, de ser oída y de reclamar ante las autoridades, hoy asistimos a una nueva forma de extorsión por parte de un sector del Poder Político y del Poder Judicial.

Tuvimos que oír la peligrosa expresión del Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Mariano Miranda, quien afirmó públicamente que “…mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”, la cual no sólo no logró su objetivo de que quienes se encontraban expresando su reclamo abandonaran su lucha sino, por el contrario, despertó el rechazo de numerosos sectores populares. Hoy el nuevo mensaje es: nuestra decisión es mantenerte detenida y podemos hacerlo, si la causa de tumulto se cae, tenemos una nueva denuncia y si mañana ésta no prospera, tendremos otra y así podríamos continuar. Burda maniobra que exterioriza la pretensión de imponerse como un poder feudal en una provincia de nuestra República.

En la fecha, el juez a cargo, Dr. Gastón Mercau dispuso la excarcelación y la inmediata libertad de Milagro Sala en la causa por la cual se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016 a raíz del acampe, dispone su libertad y sin argumentos que justifiquen porque anteriormente y en las mismas condiciones que hoy se disponía su libertad, se la mantuvo 13 días detenida. Dichas circunstancias mínimamente deben ser investigadas y establecerse si los magistrados actúan conforme a la ley o con animosidad manifiesta.

Pero no concluye ahí, porque en la misma resolución se dispone que “Continuará detenida, a solicitud de la Fiscalía de Investigación, en el marco de la causa por la que se investigan las denuncias de integrantes de cooperativas, sobre la supuesta irregular administración de fondos destinados a construcción de viviendas“, causa que se inició una semana atrás a raíz de la denuncia del Gobernador Morales. El mismo a quien se le estaba efectuando la protesta por la que se la detuvo a Milagro Sala en un primer momento el 16 de enero pasado.

Lo peligroso del accionar judicial frente a estas causas y respecto de Milagro Sala, es que ya no puede ser analizado desde parámetros legales y menos desde el concepto constitucional de igualdad ante la ley, teniendo en cuenta como transcurren otras investigaciones y los numerosos funcionarios procesados –incluso con confirmaciones de la CSJN- que continúan en libertad más allá del amplio tiempo acontecido. Sino que, lamentablemente, el accionar judicial debe analizarse desde lo político y frente a los sucesos que ocurren en nuestro país.

Por un lado, llama notablemente la atención la fuerte vinculación entre el denunciante quien es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la provincia, la fiscalía del Estado y cierto sector del Poder Judicial. Ello, es más ostensible ante la reciente designación de dos jueces para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, que casualmente resultan integrantes del bloque partidario del gobernador y quienes, horas antes, como legisladores habían votado la incorporación de más miembros al tribunal. Una fuerte unidad y connivencia de los tres poderes, con la interesante mención de que allí el poder legislativo, al menos en este caso, funciona.

Están sentando un precedente punitivo, donde se corre el triste riesgo que ante otros reclamos que existen y que puedan existir en el país, éste sea el punta pie inicial para cercenar y perseguir a aquellos que elijan la protesta en la calle y el reclamo ante la autoridad competente como medio de hacerse oír, donde no sólo será represión sino el encarcelamiento de quienes lo hagan.

Y, como ya dijimos, días atrás, el temor no puede desconocerse porque la realidad existe y dicha forma de protesta tenderá a intensificarse frente a las políticas económicas y las medidas que se llevan adelante respecto al empleo, cuando en la actualidad se cuenta con la presencia de aproximadamente 35000 trabajadores despedidos tanto en el área pública como privada (cuando lo dijimos días atrás todavía más de 5000 trabajadores no engrosaban estas cifras).

Expresamos nuestra preocupación frente al atropello a las garantías mínimas de todo justiciable, las cuales no sólo no son respetadas sino que son pisoteadas en una clara connivencia de los diferentes sectores del poder provincial y que generan alarma en lo más profundo de nuestro sistema democrático y republicano.

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