Libertad a Milagro Sala

Los integrantes de Abogados por la Justicia Social (AJUS) hacemos llegar nuestra voz en pedido de la pronta liberación de Milagro Salas, dirigente política y social, detenida indebidamente por razones que entendemos resultan ajenas a los parámetros constitucionales y de una justicia de igualdad para todos.

La detención llevada a cabo el 16 de enero pasado, se basa en una causa que no debiese existir, ya que la misma tiene por finalidad la criminalización de la protesta social y cercena derechos constitucionales y humanos básicos de toda población, de ser oída y de reclamar ante las autoridades.

Por el contrario, ese reclamo a las autoridades en vez de ser oído por el Poder Ejecutivo y tratado por las vías políticas y administrativas pertinentes, fue denunciado por dichas autoridades y dieron inicio a la situación hoy existente donde se le imputó penalmente a Milagro Sala el hecho de llegar frente a la gobernación y con arengas, señalamientos, ademanes y gestos, incitar a otras personas a acampar e impedir la libre circulación de vehículos en los términos del artículo 209 del Código Penal y además por impedir la ejecución de una resolución al no inscribirse en el nuevo Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales, y mediante la negativa de aportar los datos de las cooperativas a esos fines, entendiendo que de esa manera se alzaba contra las autoridades, conforme el artículo 230, inciso segundo, del Código referido.

Es así, que se está ante una situación donde ejercer el derecho a la libre expresión y de protesta mediante la organización de la misma que implica justamente la arenga a otros manifestantes, nos lleva a que una dirigente se encuentre detenida por justamente desempeñar su rol de referente política y social, donde se corre el triste riesgo que ante otros reclamos que puedan existir en el país, éste sea el punta pie inicial para cercenar y perseguir a aquellos que elijan la protesta en la calle y el reclamo ante la autoridad competente como medio de hacerse oír (debe recordarse que previamente al acampe se efectuaron solicitudes formales al ejecutivo a fin de llevar canales de negociación formales).

Dicho temor no puede desconocerse porque la realidad existe independientemente de lo que queramos ver y es probablemente cierta la posibilidad de que existan marchas, acampes, o cualquier otra forma de expresión, en el hoy y próximamente en nuestro país frente a las políticas económicas y sobre las medidas que se llevan adelante frente al empleo, cuando en la actualidad se cuenta con la presencia de casi 30000 trabajadores despedidos tanto en el área pública como privada.

En segundo término, se le atribuye el alzarse públicamente contra las resoluciones del gobierno e impedir su ejecución, al no inscribir a las cooperativas en el llamado plan de regularización y no brindar los datos para su registro, la cuestión aquí -más allá de la dudosa imputación frente a un situación que debía transcurrir por canales institucionales- es que Milagro Sala no es autoridad formal en ninguna de las cooperativas, por lo que, orgánicamente no es responsable por las decisiones de las cooperativas, no existe atribución y responsabilidad legal para imputarle tal decisión o alguna otra en nombre de las mismas.

Entonces, o existe un error basado en el desconocimiento de las composición de las mismas y su estatuto, o, lo que es aún más grave, se le atribuye desde su rol social y político como referente.

En otro término, con relación a la prisión preventiva que entendemos ilegal por ser dictada en el marco de la causa referida, resta decir que la aplicación del inciso 1 del art 319 del Código Procesal Penal de la Pcia. de Jujuy que establece que “… podrá disponerse su prisión preventiva: 1. Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal)…”, más allá de su dudosa constitucionalidad, ya que contra todos los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los parámetros de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, deja de lado la exigencia de la concurrencia de riesgos procesales -entorpecimiento del proceso y peligro de fuga, que además no existirían en el caso, ya que las circunstancias son públicas en primer término y luego no existe indicio alguno de que no esté a derecho siendo que su arraigo es innegable-, se conforma en una pena anticipada en un hecho cuya resolución debe transcurrir en el ámbito social e institucional adecuado.

Dejando de lado, además, que ni el juez se ve obligado a dictarla ni la fiscal a pedirla, ya que, dicho artículo establece que, podrá disponerse.

En este sentido, no podemos dejar de llamar la atención sobre la peligrosa expresión del Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Mariano Miranda, quien afirmó públicamente que “…mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”.

Primero no existe dicha circunstancia como motivo legal suficiente para para disponer una prisión preventiva, por lo que, el pedido del fiscal a fin de que cese la detención de Milagro Sala excede su función legal y  lo constituye prácticamente en un actor político.

Segundo, si tomásemos como válidas sus palabras de la necesidad de que cese el delito y teniendo en cuenta que el juez interviniente entendió y dispuso el 17 de enero el desalojo del acampe de las organizaciones “…que se arbitren los medios necesarios para que cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros…”, Milagro Sala también debiese ser liberada.

Ya que si el delito que entendía el Fiscal de Estado y el Juez era el entorpecimiento del transporte, y los trabajadores/manifestantes, ya salieron de la calle y continuaron su acampe en la plaza, entonces ya cesó el entorpecimiento del transporte y debiesen liberarla.

No se puede pasar por alto el rol de Milagro Sala como parlamentaria del Mercosur -cargo para el cual fue elegida para representar los derechos de los ciudadanos que en este caso están siendo perjudicados- y el discutible fallo de la Cámara Nacional Electoral que, sin la existencia de perjuicio (referido tanto en primera instancia como por la Cámara al resolver en sentido contrario), ante el pedido del actual secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Millman, por ese entonces ex diputado,  declara la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley nacional 27.120, dejando sin efecto la extensión de los fueros, independientemente de lo acertado o no del criterio, más aun recordando que nuestro sistema de control de constitucionalidad es difuso y entendiendo que debiesen haberse expedido en el caso en concreto.

Reiteramos y sostenemos que no existen fundamentos legales para que continúe el avasallamiento a los derechos establecidos en nuestra Constitucional Nacional y Tratados Internacionales, derechos de primer orden, derechos básicos, derechos humanos, derechos de toda sociedad democrática que no podemos permitir que sean desconocidos por el Poder Judicial y éste poder no puede hacerlo si quiere continuar llamándose justicia.

La democracia no puede permitirse la existencia de una presa política y como ciudadanos, y abogados, no debemos mantenernos incólumes ante los atropellos que pretendan hacerse en nombre de la ley apartándose de la misma.

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