Nunca es tarde

Por Federico Arabia docente de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo e integrante de AJuS

La posibilidad de fragmentar la “unidad económica” que constituye toda empresa,  abaratando costos de personal como de administración, sumado a la ausencia de un marco normativo protectorio de los derechos de los trabajadores, significó en los 90’ un contexto seductor para el sector empresario.

Cabe aclarar: la tercerización o intermediación, no es un mal en si mismo. El sistema mundial de producción capitalista decanto inevitablemente en éstas practicas, proponer extirparlas seria un acto más nostálgico que productivo. El problema se da cuándo se utilizan como herramienta para cometer fraudes a los trabajadores, y más aún cuándo es el propio Estado el que no sólo no impone restricciones, sino que les levanta el pulgar.

Una lenta, aunque no estéril corriente, se abre paso a través de la jurisprudencia como la legislación, con la intensión de revertir aquello que configuró uno de los grandes paradigmas del menemismo: La tercerización e intermediación como herramienta de fraude.

Un ejemplo de utilización fraudulenta de la intermediación la encontramos habitualmente en los Contratos de Servicio Eventual que incorporó la ley 24.013. ¿En qué consisten estos contratos?: Ante la necesidad de cubrir puestos temporariamente, la empresa usuaria contrata a una empresa de servicios eventuales. Ésta última le entrega el “Pack empleado” que consiste no sólo en brindar el personal necesario sino también  en “hacerse responsable” de los derechos y obligaciones que emergen de la relación laboral (pago de salarios, aportes, indemnización, etc.) una vez finalizada la eventualidad por la cuál los trabajadores fueron ocupados, la empresa dispone de 45 días para otorgarle un nuevo trabajo o “destino laboral”. Si la empresa no cumple, el trabajador puede considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones de ley.

Sin embargo, aquello que la ley propone como un sencillo y práctico esquema “para el bolsillo de la dama y el caballero” en verdad resultó ser una herramienta de fraude laboral que perjudicó a los trabajadores. Tal es así, que dichos contratos son utilizados frecuentemente con trabajadores que cumplen funciones permanentes en la empresa, situación que la ley no permite, ya que el objetivo es cubrir situaciones “eventuales” (ej. aumento de demanda extraordinaria). Con éste mecanismo los trabajadores quedan afuera del derecho a la estabilidad y continuidad en la relación laboral que no sólo consagra la Ley de Contrato de Trabajo (art. 90) sino la propia C.N. (14 bis).  Además suelen ser utilizadas “empresas pantalla” para éste tipo de intermediaciones, es decir, sociedades comerciales insolventes o “hombres de paja” a las que la empresa usuaria recurre para eludir sus obligaciones.

Hoy día, un manto de sospecha recae sobre las Empresas de Servicio Eventual. Los jueces son más rigurosos en sus fallos y condenan no sólo a la empresa de servicios eventuales sino al empleador- usuario que en definitiva, es el que aprovecha la fuerza de trabajo final.

El plenario “Vázquez c/ Telefónica” por el cuál los jueces de Cámara resolvieron  aplicar multas conjuntamente a la empresa principal y subcontratista (multas, aclaremos, que  percibe el trabajador) muestra en alguna medida el cambio de paradigma en el tratamiento de éstas situaciones por parte de los tribunales.

También es destacable el desempeño del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta su vocación  para arribar a soluciones en los conflictos colectivos dónde se materializa la problemática de la tercerización. El reciente anuncio de incorporación de 1500 trabajadores ferroviarios tercerizados a planta permanente es ejemplo de un Ministerio activo y presente.

La tercerización como herramienta de fraude caló hondo en las entrañas de la cultura laboral y jurídica en los 90. Revertir ese proceso es un  arduo trabajo que exige la interacción de múltiples actores sociales: Legisladores, jueces, trabajadores, empresarios. La muerte de Ferreyra nos hizo hablar de la tercerización, visibilizó mediaticamente un conflicto de intereses entre dos sectores de la sociedad que lejos de ser novedoso tiene su historia nacida en las entrañas del liberalismo económico. En ese contexto, el denuncismo generalizado, el coro que une a multimedios y sectores de izquierda y que ataca al Gobierno y a los sindicatos con la ceguera con que un niño vendado intenta pinchar una piñata, poco aporta a la solución del conflicto.

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