Paradojas

El pueblo todo les pertenece, desde los cañaverales, los arrozales hasta las obras de gran progreso, nadie tiene la inquietud de comprar y apropiarse de su trabajo y por el contrario todos manifiestan conformidad con el mismo, sin embargo, al recorrer la zona se observa que la suciedad es sin igual; en todo el pueblo hay tres o cuatro letrinas, pozos anchos, someros, de una fetidez insoportable. En este medio, los patrones manifiestan que “…en su larga práctica han encontrado en el obrero criollo inteligencia, facilidad para aprehender y subordinación; nunca tuvieron un movimiento de huelga…”.

El relato no pertenece a una crónica actual de los trabajadores esclavizados en las estancias de San Pedro o Ramallo, ni a las febriles mentes de guionistas del Gobierno Nacional. El estremecedor testimonio es un párrafo referido a la situación del indio en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy, pueblito de propiedad de Leach Hermanos y Compañía y pertenece a la obra encargada a Juan Bialet Massé en 1904, que concluye en el ponderado Informe de la Clase Obrera Argentina.

Difícil es encontrar diferencias entre el informe realizado hace más un siglo por Bialet Massé y los estremecedores relatos de los cronistas en las inspecciones realizadas en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires durante estos días.

Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo es posible que tal situación se reproduzca de modo casi similar luego de transcurrido un siglo?

Es correcto hablar de responsabilidades compartidas, entre un Estado que durante décadas fue incapaz, por acción o retiro, de efectuar políticas de control eficaces; las patronales agrarias más atentas en mejorar su inagotable e insaciable sed de ganancias, que en alentar algún mínimo de humanismo entre sus trabajadores y las organizaciones sindicales, convertidas en socios privilegiados del capital rural.

Estas complicidades no siempre contaron con la anuencia del Estado ni de las representaciones de los trabajadores del sector. La historia de más de un siglo demuestra que el viejo Fuero gaucho y las heróicas luchas obreras condujeron a la conquista de un verdadero manual de derechos que fue el Estatuto del Peón Rural en octubre del 1944, que como vendetta histórica fuera abrogado por la última dictadura cívico militar a instancias de José Alfredo Martínez de Hoz, nieto del fundador de la Sociedad Rural.

Lo paradójico del nuevo tiempo, es que mientras los agropatrones, enriquecidos como pocas veces antes en nuestra historia, agitan un lock out, en procura de mejor rentabilidad, y menosprecian cualquier evidencia sobre la explotación infrahumana de trabajadores; la organización sindical -Uatre-, como copartícipe necesaria adhiera a la protesta patronal, defienda el bando militar que impide el ejercicio de derechos colectivos elementales como el derecho de huelga; en tanto el Estado Nacional promueve inspecciones y castigos a los establecimientos agropecuarios infractores e impulse en el Congreso Nacional una norma de verdadera protección de los trabajadores del sector: un auténtico estatuto del peón rural a la altura del Estado Social y Democrático de Derecho con aplicación subsidiaria de la ley de contrato de trabajo, y donde el Estado asume su rol de control y fiscalización.

Es lógico que los patrones campestres quieran más y se desinteresen por una norma que afecta su renta, aún a riesgo de la vida humana: en todo caso forma parte de su ADN ideológico, cada vez más matizado con la inusual presencia de la Federación Agraria entre ellos. Lo demostraron en 1944, también hace dos años oponiéndose a la jornada de ocho horas dispuesta por la Resolución 71/08 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Es infrecuente ya en nuestra historia reciente que el Estado asuma acciones concretas de protección a los trabajadores rurales, no es casual entonces hacer referencia al Estatuto del Peón Rural y que sea un proyecto del PEN el que impulse la devolución de los derechos laborales arrebatados por la dictadura a los trabajadores.

Pero lo que resulta alarmante es que sea una organización sindical como Uatre la que manifieste formal oposición a cualquier cambio legislativo de una regla estatal que expropió derechos de sus representados y que no haya formulado ni una sola mención a las condiciones aberrantes de trabajo en que fueron encontrados trabajadores rurales. Organización sindical devenida en Unión durante el gobierno de Alfonsín (1988) con la finalidad de controlar jerárquicamente desde un solo sillón a todas las seccionales a antojo de los máximos dirigentes, luego de haber nacido como una Federación de gremios autónomos.

Es injuriante para los intereses de los trabajadores que su organización sindical no se inmute por los altos índices de trabajo no registrado en la actividad y hostigue al mismo tiempo al Ministerio de Trabajo, por impulsar nuevamente el dictado de una norma que restaure derechos.

Si Bialet Massé resaltaba la satisfacción de los patrones por los obreros criollos en 1904 ante su sumisión, ¿qué diría ahora de la dirigencia sindical rural y su vínculo con las patronales agropecuarias?

Por Luis Roa y Luis Palmeiro, abogados laboralistas Agrupación Norberto Centeno, compañeros de AJuS
Publicado en Miradas al Sur el Domingo 23 de enero de 2011

http://sur.infonews.com/notas/paradojas

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