Quienes Somos

Somos una organización de abogados que entienden al derecho como una herramienta, a utilizar en favor de la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales cuya realización sólo es posible en el marco de una  patria justa, libre, y soberana.

Entendemos a la Facultad de Derecho de la UBA como nuestro campo de acción inicial. Allí es donde nos formamos la mayoría de nosotros y en donde colaboramos con la formación de nuevos estudiantes. Como tal, la sentimos nuestro lugar de pertenencia, nuestra casa.

Más allá de ello, es el espacio público en el cual se forma la gran masa de  abogados y juristas de nuestro país. Es la “usina” más grande de pensamiento jurídico, y el lugar del que egresan la mayor parte de los representantes del poder estatal. A nuestro entender la facultad debe ser el instrumento formativo por excelencia de los referentes del campo popular.

En forma paralela, nuestro campo de acción es el poder judicial, en el cual  intentaremos trabajar en forma conjunta y coordinada con las organizaciones propias de ese ámbito. Acompañaremos a quienes se encuentran construyendo un espacio nacional y popular allí (sindicato, colegios de magistrados, colegios profesionales y organizaciones políticas).

Nuestro objetivo es consolidar un proyecto académico, político e institucional al servicio de los intereses del pueblo. Nuestro fin es revertir el discurso de aparente neutralidad política – ideológica del derecho que se ha consolidado en los  núcleos  de producción y transmisión de pensamiento jurídico. Toda vez que las estructuras normativas han sido utilizadas durante años al servicio de los intereses ajenos a la patria, las tomaremos en nuestras manos a los fines de modificar dicho paradigma.

Pretendemos consolidar  un diseño jurídico de Nación acorde a nuestros principios, en el cual se ponga como eje al ser humano, en especial, a aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la comunidad. De esta manera, recuperaremos nuestro capital humano nacional, y le pondremos fin al modelo impuesto de exclusión económica y de marginalidad social. Solo así, recuperaremos la capacidad nacional y popular de autodeterminación.

Nuestros principales objetivos se desarrollarán en:

  • El campo Jurídico Institucional.
  • El campo Jurídico doctrinario.

CAMPO JURIDICO – INSTITUCIONAL:

LA UNIVERSIDAD:

Pretendemos una Universidad Pública, que forme profesionales comprometidos con un proyecto de nación justa, libre y soberana. Que su meta principal sea la reorganización de todas las áreas del derecho, con el fin de garantizar la formación de abogados preparados para dar lo mejor de sí, al servicio de la dignidad de todos los seres humanos que habitan en nuestro país. Entendiendo a la dignidad como la posibilidad personal de diseñar un proyecto de vida y llevarlo a cabo, sin perder de vista que ninguna persona puede realizarse en una comunidad que no se realiza.

En ese sentido, creemos necesario que los estudiantes se formen en función de un esquema teórico, práctico y crítico como sujetos y no como objetos de formación.

Son necesarios profesionales que se comprendan como sujetos activos, con conciencia de la trascendencia de la norma -esqueleto del sistema nacional político y económico vigentes y  regulador de conductas-. Profesionales preparados para escribir e interpretar leyes, a favor de un proyecto de patria justa, libre y soberana para todos. Para ello creemos que es necesario transformar varios aspectos formativos de nuestra facultad.

En la Universidad Pública queremos:

– Gratuidad de los postgrados para todos los integrantes de la carrera docente de la UBA.

– Reconocimiento como integrantes del claustro docente de la totalidad del plantel de la facultad; desde el ayudante concursado hasta el titular de cátedra.

– Apertura y continuidad de concursos en todos los estamentos docentes.

– Recuperación de los contenidos en la carrera de grado, jerarquizando el título de abogado, y el reestablecimiento de un plan de estudios consustanciado con el Proyecto de Nación, revirtiendo décadas de implantación del sistema neoliberal.

– Recuperación de los espacios privatizados de la facultad y  su puesta al servicio de los estudiantes y docentes de la misma.

– Disminución de la desigualdad de representación entre claustros.

– Inscripción libre y automática en el padrón de graduados. De esta manera se permitirá la participación de la mayor parte de los egresados y se logrará avanzar en la construcción de una facultad auténticamente democrática, hacia la constitución del claustro docente.

PODER JUDICIAL:

Queremos un PODER JUDICIAL que:

– Defienda los intereses nacionales y los derechos de los que menos tienen. Para ello son necesarios magistrados, empleados y funcionarios conscientes de la responsabilidad que implica ser parte de “la justicia”. Que se acerquen a las necesidades del pueblo y las entiendan en términos concretos y, que estén preparados para establecer  canales de comunicación entre esta institución y la comunidad.

– Se integre con magistrados, funcionarios y empleados elegidos en función de su capacidad, mediante concursos transparentes, que garanticen el ingreso democrático a la justicia en igualdad de condiciones.

– Se entienda la jerarquía en función de la división de las responsabilidades y en el plano estrictamente laboral.

– Que sea Independiente. Que no existan presiones externas que obliguen a los magistrados a inclinarse a favor del más fuerte. Por ello, rechazamos los reiterados ataques a los funcionarios que, a lo largo de todo el país, bogan por la defensa de las Constituciones Nacional y Locales. Son necesarios magistrados que ejerzan esa independencia con compromiso, interpretando las normas en función de la realidad social y económica nacional. Ello dentro de los parámetros de la Constitución Nacional, y los Tratados sobre Derechos Humanos con rango constitucional, que han jurado defender.

CAMPO JURIDICO – DOCTRINARIO:

Concebimos al derecho como una herramienta de construcción social, con la convicción de que podemos impulsar la consolidación de un modelo de Estado que intervenga en la economía. De esta manera organice, explote  y distribuya la riqueza; a favor del bienestar del pueblo. Asimismo, que recupere la propiedad de los recursos estratégicos, y se responsabilice por los servicios públicos, organizando a la comunidad. Siempre con el norte de generar un país productivo, redistributivo y auténticamente soberano.

En función de ello luchamos por:

– La transformación de la estructura tributaria nacional, columna vertebral de la redistribución del ingreso. En función de este objetivo, es que proponemos establecer como principio presupuestario la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, en estricto respeto de la manda constitucional, así como también, construir un sistema tributario que avance en las metas extra fiscales, defendiendo los recursos naturales y la soberanía nacional.

– La eliminación de los impuestos indirectos como sostén de la recaudación nacional, por repercutir desigualmente en las capas más desposeídas de la población.

– La construcción de escalas para los impuestos directos genuinamente progresivas.

– La imposición de estos impuestos a los capitales financieros e improductivos.

– La generación de sistemas de beneficios fiscales acentuados para los proyectos de inversión que aumenten la productividad nacional y generen avances en el proceso de industrialización.

– La imposición discriminada a la explotación de los recursos naturales.

– La recuperación de los recursos naturales de nuestra nación. Para ello es necesaria la reforma de la normativa constitucional y legal en esta materia.

– La recuperación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores – que fueron desintegrados por la última dictadura y en la década de los ’90 con la implantación del modelo neoliberal de exclusión digitado por el FMI-; avanzando en la construcción de un Derecho laboral que apunte a  su recuperación definitiva.

– La regulación en materia de medios de comunicación, pues debe favorecerse  el acceso a la propiedad de los medios a distintos sectores y actores sociales,   impidiendo el monopolio de la información y logrando un sistema que amplíe los criterios de servicios públicos en la materia, incluyendo, entre otros, al servicio de cable como tal.

– Planificar una política de prevención del delito, rechazando los discursos que difunden el avance del poder punitivo del Estado, que destruye los derechos humanos, y afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Entendemos que sólo a través de la redistribución del ingreso, garantizando la igualdad de oportunidades y llevando la justicia social en su máxima expresión, puede llegar a erradicarse la sensación de inseguridad.

– Garantizar el derecho a la protesta social en todas sus expresiones genuinas –no nos referimos a los lockout destituyentes que se confunden con reclamos legítimos- impidiendo que se la criminalice, es decir, revirtiendo la tendencia actual.

– La concreción del juicio y castigo a la totalidad de los represores que han tenido participación directa en la página más oscura de nuestra historia. Impedir que sigan impunes quienes han torturado, asesinado y secuestrado; quienes se han apropiado de los hijos de los desaparecidos, a los que hoy todavía estamos buscando. Asimismo, bregamos por el juzgamiento de los cómplices del terrorismo de estado, muchos de los cuales incluso hoy, continúan atrincherados en distintos lugares de los tres poderes del estado o gozan de un estatus respetable en su profesión. Entendemos que sólo con una diferenciación entre habilitados e inhabilitados moral y legalmente para el ejercicio de cargos públicos, nos será posible la construcción de otro modelo de estado.

– La vuelta del constitucionalismo social a nuestro país, reconstruyéndolo con auténtica participación popular, en el marco de los procesos de reforma que hoy se viven en América latina, teniendo como modelo base el texto constitucional de 1949.

– La concreción de un proyecto de educación para nuestro país que, en todos los niveles, forme mujeres y hombres con conciencia nacional. Que sean conocedores de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad; encontrándose preparados para defenderlos; comprendiendo el alcance de sus acciones y su responsabilidad en  caso de incumplimiento.

Por todo lo antes expuesto, y con la firme necesidad de llevar a cabo nuestro plan de acción, es que decidimos consolidarnos como una opción legítima frente a la realidad actual. Principalmente luchando POR UNA PATRIA GRANDE, UNIDA  Y SOLIDARIA CON TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO

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