Un acuerdo constitucional

La presentación del fiscal Alberto Nisman no tienen ningún sostén jurídico ni constitucional sobre la causa abierta por el Memorando suscripto entre la Argentina e Irán, ya que su presentación contiene citas constitucionales que invocan los artículos 27 y 109 de la Carta Magna, al aducir que el acuerdo viola las garantías de defensa en juicio y la división republicana de poderes.

No obstante, si se analiza el tratado entre Buenos Aires y Teherán se ve claramente que no se viola ningún artículo de la Constitución porque el Poder Ejecutivo no interfiere en la causa judicial.

El memorando establece que el juez natural de la causa y el fiscal deben viajar a Irán para indagar a los imputados sospechosos de haber perpetrado el mayor atentado terrorista de la historia argentina, por el cual hasta el momento no han podido ser interrogados por encontrarse en un país que no tiene tratado de extradición con el nuestro.

Lejos de afectar las garantías, le da al juez natural de la causa la posibilidad de realizar esta indagatoria.

El fiscal Nisman se queja de la creación de una comisión que debe evaluar el desarrollo de una causa que, hasta el día de hoy, no ha tenido avances. Y en eso vuelve a equivocarse porque ese cuerpo, lejos de suplantar la investigación judicial, tiene como única misión llevar adelante la tarea de tratar de encontrar la verdad sin que eso de ninguna manera suplante ni se entrometa en el accionar de la justicia argentina.

Esta presentación es una forma de intentar ocultar la escandalosa inoperancia de la justicia argentina, que a lo largo de casi 20 años no ha podido esclarecer las causas ni juzgar a los responsables del ataque a la AMIA.

Incluso, lo único que ha hecho el poder judicial en estos largos años es sobornar imputados, arruinar pericias y ocultar pistas, por ejemplo la siria, que fue investigada al comienzo de la causa y fue dejada de lado sin ninguna explicación lógica.

Las víctimas directas e indirectas del atentado se ven privadas de justicia por un Poder Judicial que ha sido incapaz de investigar como corresponde.

Nisman, como representante de esta investigación tan deficitaria, se opone a dar un paso hacia delante en este proceso, que, a diferencia de lo que dice su presentación, viene a resolver un riesgo que es la alerta que pesa sobre el Estado argentino ya que tiene responsabilidad internacional por el caso AMIA.

Por esto el Poder Ejecutivo, con respaldo del Legislativo, ha asumido un rol que no ha sabido llevar adelante el Poder Judicial en 20 años.

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