Una mora desde hace más de 150 años

No se puede menos que celebrar la iniciativa del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires de remitir al Congreso Bonaerense un proyecto de ley que instaure el juicio por jurados, como lo demanda la Constitución Nacional desde sus albores.

El artículo 75 de la Carta Magna Argentina ordena al Congreso dictar las normas que sean menester para la instauración del Juicio por Jurados. Los legisladores se encuentran en situación de mora respecto de la manda constitucional, y desde hace más de 150 años.

Independientemente de las cualidades técnicas del proyecto mencionado, lo cierto es que el mismo es una manifestación concreta de la voluntad política de avanzar sobre un tema que fue postergado por demasiadas décadas.

Los motivos de la desidia los podemos intuir, e incluso los podemos extraer de quienes se resisten a la institución de la expresión popular en materia de justicia. Los argumentos radican en la falta de capacidad del colectivo que identifican como “la gente”, para abordar temas aparentemente tan complicados como lo sería la valoración de la prueba para determinar la existencia o no de un hecho que tuvo lugar en el pasado y que es materia de una investigación.

Otro fundamento esgrimido por los opositores al sistema se centran en la facilidad que tendrán los poderosos de obtener votaciones afines a sus intereses mediante la entrega de “coimas” a los jurados. Es dable escuchar acerca de la supuesta facilidad con la que la plebe cae en sus propias pasiones, que separa al jurado del recto entendimiento que debe primar en materia de justicia.

Aparece como evidente el sesgo elitista, aristocrático y oligárquico de los fundamentos. El pueblo es incapaz, puede ceder a sus simpatías y antipatías, y puede ser sobornado.

Así, los jueces formarían parte de una casta de próceres, imparciales, objetivos e incorruptibles, llenos de virtudes que no poseen los mortales y ajenos a los vicios del populacho.

Cada una de las críticas que se le hace al jurado puede extenderse a los jueces. Ellos son tan pasibles de desconocimiento, de sometimiento a presiones, a pasiones y a sobornos como lo puede ser cada miembro de un jurado.

Hay también críticas técnicas. Se pregona que no puede esperarse del jurado que fundamente su decisión, por lo que se vería afectado el derecho al recurso del eventual condenado, que no podrá controvertir ante un tribunal superior aquello que los jurados no expusieran de manera expresa. Otra falacia. Existe infinidad de posibilidades para abordar tal preocupación.

La resistencia la debemos buscar en los comienzos mismos del poder judicial como órgano separado de quien detentaba el poder ejecutivo y el legislativo. Cuando se decide la separación de los órganos del poder queda en manos de la aristocracia la función del uso de la fuerza para la protección del principal de los derechos de por entonces. No me refiero a la vida ni a la dignidad sino a la propiedad. Con fuerte sesgo nepotista, se ocuparon los espacios y los jueces mandaban colgar a los ladrones que se atrevieron a damnificar a sus parientes cercanos. Esa impronta elitista se mantuvo hasta nuestros días.

Las modificaciones relativamente recientes en materia de selección de magistrados vinieron a morigerar la tendencia en alguna medida. El juicio por jurados aparece como una forma de que el pueblo participe en el menos democrático de los poderes del Estado. Y no es un capricho ni una ocurrencia, es un mandato constitucional. No será la bonaerense, en su caso, la primera experiencia. La provincia de Córdoba lleva años con este sistema para ciertos casos. De suyo que el instituto del juicio por jurados no se ha establecido en la Constitución Nacional sólo para la materia penal, sino que corresponderá establecerla en todos los órdenes procesales, como en el plano civil, el comercial, el laboral, etcétera. Y es aquí donde aparecen nuevamente los intereses creados. Muchas corporaciones temen tener que exponer sus cuestiones al conocimiento popular.
Celebremos, entonces, la iniciativa. Breguemos porque el proyecto presentado sea mejorado por la participación plural de los legisladores y metamos al pueblo en una materia en la que fue siempre un paria.

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