La "calidad institucional" bien entendida empieza por casa

AJUS (Abogados por la Justicia Social) recibe con asombro y tristeza el lamentable tenor del “Comunicado” emitido por la Corte Suprema de Justicia en una clara y directa -aunque disimulada- respuesta a recientes manifestaciones de la Sra. Presidenta de la Nación. En consecuencia, AJUS alerta al pueblo argentino sobre el riesgo institucional que encierra el posicionamiento público asumido por la cabeza del Poder Judicial de la Nación.

Sobre una mezcla indecorosa de vanidad y advertencias, el “Comunicado” trasunta la pretensión de la Corte de intervenir en la dinámica de asuntos públicos y conflictos políticos que sólo pueden ser administrados por los representantes elegidos de manera directa por el pueblo, únicos legitimados para ello, y recorre en definitiva un peligroso sendero cuyo final no es otro que el desconocimiento de la voluntad popular.

La Corte reclama a “quienes tienen responsabilidades de gobierno” transparencia, respeto a la independencia judicial, mesura, equilibrio y diálogo.

El gesto político del máximo tribunal del país, al emitir semejante “Comunicado”, se inscribe, en forma absolutamente previsible, en el ya esta altura evidente y burdo montaje teatral de la oposición y del Grupo Clarín. Pareciera obedecer la Corte Suprema a un guión escrito en otro lado, fuera de su propia órbita, en el que se turnan dirigentes opositores y periodistas millonarios indignados.

Resuena en el “Comunicado” la perorata hueca de argumentos sobre la “calidad institucional”, ese concepto que, deliberada y persistentemente distorsionado, repiquetea sin freno alguno en los medios de comunicación monopólicos, claros personeros del poder económico concentrado y enemigos directos de los intereses nacionales.

AJUS, eludiendo la trampa de la simplificación malintencionada del discurso dominante, en la que parece caer la Corte, recuerda al pueblo argentino que la medida más trascendente en materia de “calidad institucional”, al menos desde el retorno de la democracia, ha sido la decisión del Presidente Néstor Kirchner de avanzar desde el inicio mismo de su mandato en un proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia, implementando un procedimiento de designación de nuevos miembros cuya transparencia, seriedad y racionalidad política no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

Un proceso cuyos métodos y candidatos recibieron las más feroces críticas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, que son los mismos que llevan en estas horas trascendentales el estandarte de la “calidad institucional”, pero que finalmente nos condujo al nombramiento de notables juristas argentinos y en definitiva a la conformación de una Corte Suprema de Justicia insospechada de afinidad con el Poder Ejecutivo Nacional.

El Gobierno Nacional, como continuador natural del proceso iniciado en mayo de 2003, puede exhibir, entonces, claramente, su vocación de fortalecer la “calidad institucional”, de ejercer el poder político con transparencia y responsabilidad, y asegurar la independencia del Poder Judicial.

Como agrupación de abogados, AJUS tiene la obligación de recordarle a la Corte Suprema de Justicia y al pueblo argentino en su conjunto que la “mesura” no es un mandato legal que alguna norma le imponga a la presidenta. En cambio sí lo es la obligación de ser el responsable político de la administración general del país. También está obligada por la Constitución y por varios tratados a generar las condiciones económicas para que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser ejercidos por todos los argentinos y no sólo por los sectores medios y acomodados.

En ese sentido, la gestión de la Presidenta ofrece innumerables ejemplos de avances en la efectiva satisfacción de derechos elementales que hacen a la dignidad de grandes cantidades de argentinos que habían permanecido silenciados durante décadas. Los progresivos y constantes aumentos jubilatorios y salariales, la asignación universal por hijo, las paritarias, son algunos ejemplos de ello y dan acabada cuenta del verdadero y profundo mandato legal del Poder Ejecutivo.

La historia de nuestro país nos demuestra a simple vista que los períodos en los que los grupos más postergados son tenidos en cuenta y amplían su espectro de derechos gracias a la gestión del Poder Ejecutivo de turno, no son la regla sino la excepción. Si para compensar tantos años de frustraciones, desigualdades y gestiones mediocres, el Poder Ejecutivo tiene que modificar el status quo, es comprensible que los grupos injustamente privilegiados reclamen “mesura”. Por eso, si es la Corte Suprema de la Nación la que reclama, abstracta y ampulosamente, “mesura”, tenemos legítimas sospechas de que sea ella misma y los miembros que firmaron el comunicado los que actúen en representación de aquellos.

Siguiendo con los mandatos legales, bien podría ser la Corte la que reflexione seriamente acerca de si en el seno de su propio cuerpo y en la totalidad del sistema judicial que encabeza, se cumplen los presupuestos que exige insólitamente al Gobierno Nacional por vía del sugestivo “Comunicado”. Porque, la “calidad institucional” bien entendida empieza por casa.

AJUS pregunta dónde está la “transparencia” del sistema judicial que según la Corte es su “política de estado”, si todavía la ciudadanía tiene que tolerar, por ejemplo, que los juicios por delitos de lesa humanidad no cumplan con el requisito de publicidad exigido constitucionalmente, o que los verdugos interroguen a las víctimas.

AJUS pregunta dónde está la “mesura” y “equilibrio” que insólitamente exige la Corte al Poder Ejecutivo Nacional, si todos los días observamos azorados cómo uno de sus miembros, transgrediendo sin recato alguno las más elementales reglas del decoro requerido a los magistrados, “conversa” con periodistas en la vía pública, a la salida de su domicilio, adelantando opiniones sobre asuntos que serán luego materia de análisis por el Tribunal, prejuzgando e incluso presionando a otros tribunales inferiores a pronunciarse en determinado sentido.

AJUS se pregunta dónde está la “mesura” y “equilibrio” que reclama la Corte al Gobierno Nacional, si el Presidente del Cuerpo aparece mencionado persistentemente en medios periodísticos como futuro candidato a cargos electivos, concretamente a Vice Presidente de la Nación, y recibe en su despacho al elenco estable de senadores opositores en el medio de una ofensiva destituyente feroz encabezada por estos sectores.

AJUS se pregunta si el concepto de “independencia judicial” que vocifera la Corte es aquel que permite que una oscura jueza de la provincia de Mendoza suspenda la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -votada en el Congreso con mayorías abrumadoras- por presuntas irregularidades en el tratamiento legislativo que recibió el proyecto, o si esa concepción se ve reflejada en el deplorable espectáculo que por estos días brindan al país los jueces que se entrometen flagrantemente -siguiendo sin pudor alguno los arrebatos irresponsables de legisladores incapaces de construir los verdaderos consensos políticos que la Patria necesita, y vigilados de cerca por los monopolios mediáticos- en asuntos de estricta naturaleza política, como la discusión planteada en torno a la utilización de reservas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, entorpeciendo gravemente la gestión de la Presidenta de la Nación, elegida -vale la pena recordarla- por más del 46 % del pueblo argentino.

AJUS se pregunta por qué la Corte no recurre al “diálogo”, al que plantea como mecanismo indispensable de afianzamiento de la justicia y la paz social para todos los argentinos, con los trabajadores judiciales para incorporarlos -como corresponde por imperativo constitucional- al gobierno de la Obra Social; por qué continúa abusando de su posición de poderío -debidamente nutrida
de un elitismo antidemocrático inadmisible- para impedir la consagración de derechos invulnerables de los judiciales.

En definitiva, como es desgraciadamente habitual en el país, soslayando su carácter contramayoritario y la ausencia de control popular sobre sus decisiones y funcionamiento, la corporación judicial pretende preservar sus privilegios y rechazar cualquier intento de democratización, recurriendo a un discurso admonitorio que, bajo un disfraz de salvaguardia de las democracia y las instituciones, no revela otra cosa que un avance sobre la voluntad popular por vía de la intromisión deliberada en materias que sólo están reservadas a la puja política y protagonizadas por aquellos que han recibido mandato directo de la ciudadanía.

Por ello AJUS respalda plenamente y hace suyas las palabras de la Presidenta de la Nación, aprovecha la profundidad de su mensaje para ratificar la voluntad inquebrantable de esta Agrupación de perseguir el establecimiento de un Poder Judicial Democrático, y recuerda finalmente a la Corte que la “calidad institucional” bien entendida empieza por casa.

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