La judicialización innecesaria impedía el acceso a la salud

La Corte ha sentado jurisprudencia: no será necesaria la autorización judicial previa en los casos de violaciones. Los integrantes del máximo tribunal remarcaron la necesidad de que los casos no sean judicializados y exhortaron a implementar los protocolos hospitalarios necesarios para que todas las mujeres en situación similar puedan abortar sin exigir una autorización previa.

La interpretación de la Corte sobre el Inciso 2 del artículo 86 del Código Penal provoca un cambio histórico en la manera de evaluar de ahora en más los casos que se presenten en los hospitales de víctimas de violación que tengan la intención de interrumpir su embarazo.

El código establece las circunstancias en las que el aborto no es punible, pero de muchas maneras este amparo legal ha sido cercenado, empujando a las mujeres que tienen el derecho a practicar una interrupción legal de su embarazo a hacerlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Forzando la judicialización innecesaria de una práctica de salud que impide un derecho constitucional básico: el acceso a la salud integral.

Por años, la justicia rechazó la solicitud de abortar de mujeres violadas por tener una lectura restrictiva del Código Penal, reforzando peligrosamente la interpretación más conservadora. Sumado a ello, la misma interpretación por parte de los médicos, quienes remiten de manera sistemática a la justicia las solicitudes de aborto, o solicitan autorización judicial para realizarlos –postura que considero una delegación de la responsabilidad médica–, provoca un abandono de persona en el caso de que de la denegación de la solicitud derive en daños para la paciente.

Otro punto importante del fallo es el de evitar exponer la vida privada de la víctima, ahorrando demoras innecesarias, y pudiendo producir un riesgo en su derecho a la salud por parte de la solicitante.

La interrupción de un embarazo debe dejar de ser un privilegio de las mujeres que tienen dinero. Las estadísticas demuestran que las muertes por abortos inseguros son en su gran mayoría de mujeres pobres. Interpretar la norma de manera restrictiva no logra que el aborto no se realice, sólo envía a las mujeres pobres a una práctica insegura, y como consecuencia de ello muchas mueren y otras quedan con lesiones graves.

Por ello es alentadora la postura de la Corte, superando el dogma y la tradición  patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, porque ellas y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas.

 

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