Son discusiones que la sociedad tiene que dar

por María Inés Fadel (integrante de AJuS)

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias de este año en el Congreso Nacional, la inminencia del envío del proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y de Comercio de la Nación.

La importancia que la presidenta otorga al tema no resulta novedosa ni descontextualizada: las sucesivas administraciones de los Kirchner pusieron énfasis en la ampliación de los derechos civiles como base de ciudadanía. Y las políticas activas que desplegaron y promovieron en tal sentido culminaron en históricos reconocimientos de derechos: el matrimonio igualitario quizás sea el ejemplo más claro de lo que significa que una gestión haga suyo un reclamo social e imponga un debate franco que obligue a poner en valor esos temas como herramienta de transformación.

Siguiendo esa línea de trabajo, la presidenta profundiza el debate que se abrió con aquellas iniciativas legislativas y va por más: una reforma integral, de manera tal de convertir una pieza legal que contiene normas en muchos casos obsoletas, en un instrumento dinámico que refleje el devenir de la sociedad y plasme en el sistema normativo el sentir real y actual de los ciudadanos cuyos destinos deberá regir, con proyección a futuro. Es entonces cuando la propuesta de la presidenta alcanza una dimensión con escasos precedentes. Porque pivotear sobre leyes caducas y cargar tintas sobre los jueces puede hacer mucho más sencilla la labor de un Ejecutivo, mientras que romper con esa lógica y comprometerse en la difícil tarea de lograr que el derecho comience a significar los hechos de un momento social implica romper con las estructuras rígidas que garantizan a vastos sectores dominantes su continuidad; lo que indefectiblemente conlleva un costo. Costo que la presidenta está dispuesta a asumir porque entiende que el beneficio social es muy superior. Porque como dijo ante la Asamblea Legislativa “son discusiones que la sociedad tiene que dar”.

Respecto del divorcio, la reforma implicaría agilizar los plazos de la disolución, propiciando el impulso por uno sólo de los integrantes de la pareja y la supresión de la obligación de ofrecer explicaciones respecto de las causas de la separación, entendiendo que se trata de cuestiones íntimas de la persona y su vida familiar. El contrato prenupcial importa una herramienta legal para que los futuros esposos puedan previamente, mediante la firma de un convenio, determinar cual de los regímenes alternativos adoptarán para su patrimonio. En otras palabras, los futuros contrayentes acuerdan a priori cómo gestionaran los bienes durante el matrimonio y cómo será la forma de repartirlos en caso de separación.

La cristalización de las uniones de convivencia como figura legal redundará en la equiparación y reconocimiento de derechos de los integrantes de las comúnmente denominadas uniones de hecho. Respecto de la fertilización asistida se crea la filiación con método de reproducción humana asistida. Entonces se crea un tercer tipo, el de la filiación por técnicas y reproducción humana asistida y se regula su implementación.

La inclusión de la figura denominada gestación por sustitución prevé la posibilidad de que las parejas que no pueden llevar adelante la gestación tengan la alternativa, previa autorización del juez, de optar por la gestación en un vientre sustituto, el de otra mujer que mediante su libre voluntad aporta la capacidad gestante. En cuanto a la adopción, se agiliza el sistema de forma tal que los aspirantes a la adopción no tengan que sufrir años en listas de espera.

Una inmensa reforma tanto legislativa como cultural que trata en definitiva de completar la protección integral y el reconocimiento de los derechos de hombres, mujeres y niños, adecuando el derecho a las necesidades de innumerables familias y superando la normativa a los estándares básicos previstos por acuerdos internacionales.

Comentarios Cerrados